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El Cambio en Ecuador: ¿Se Levantará la Prohibición del Juego para Fomentar el Empleo? - onlinecasinolatino.com

El Cambio en Ecuador: ¿Se Levantará la Prohibición del Juego para Fomentar el Empleo?


El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado un proyecto trascendental a la Corte Constitucional, siendo así un potencial cambio en la política socioeconómica del país. Este proyecto busca realizar una Consulta Pública que involucra cerca de 11 preguntas, abordando diversas modificaciones, incluyendo una crucial para la industria del juego y las apuestas.

La última interrogante de la consulta se centra en la regulación del sector del juego. Según el documento enviado por Noboa el pasado 2 de enero, la Corte Constitucional tiene un plazo de 20 días para dar a conocer las preguntas y establecer el marco de una decisión que podría tener repercusiones.

Desde el año 2011, Ecuador ha mantenido una prohibición a nivel nacional para casinos y salones de bingo, aunque el juego en línea ha prosperado en un marco regulatorio ambiguo, acompañado de impuestos y restricciones de marketing para las apuestas deportivas. La propuesta del Ejecutivo es desestimar esta prohibición y regular la industria en su totalidad, considerando el efecto rentable en la generación de empleo en medio de una economía que experimenta una tendencia a la baja.

La pregunta clave en la propuesta de Noboa plantea: “¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?”. Esta perspectiva detallada refleja la importancia de una regulación cuidadosa para equilibrar los beneficios económicos y la gestión responsable del juego.

El gobierno respalda esta propuesta al argumentar que permitir la operación de casinos y otras modalidades de juego, siempre que se regule adecuadamente, podría fortalecer la estabilidad económica y mitigar la inseguridad en zonas peligrosas. Se subraya que la prohibición desde 2011 ha tenido ciertas consecuencias negativas en la generación de empleo, con la pérdida de 25,000 plazas establecidas en 160 salas de juego a nivel nacional. Además, se destaca la contribución potencial de la industria a los ingresos fiscales y a contrarrestar la disparidad económica.

La propuesta no solo se plantea como una solución económica, sino también como un mecanismo para combatir las actividades ilegales. La autorización de casinos y salas de juego, bajo una regulación y control adecuados, se percibe como una forma de desmantelar operaciones clandestinas y promover una práctica más transparente y legal.

Contribución Turística

El respaldo del sector turístico y hotelero a esta iniciativa está generando un debate en el país. Figuras destacadas como Holbach Muñeton, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), expresan su apoyo para recuperar empleos y atraer nuevas inversiones. Muñeton incluso plantea la posibilidad de crear un hub internacional de aerolíneas, inspirándose en experiencias exitosas en otros países.

Muñeton destaca un efecto positivo que esta movida legislativa podría tener en la industria turística y, por extensión, en el país en su totalidad. Asegura que la buena infraestructura y el trabajo ordenado podrían compensar el tiempo perdido desde el cierre de los casinos en 2011, identificando las consecuencias negativas que esta medida tuvo para Ecuador.

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur) estima que, desde la prohibición en 2011, el país ha perdido la capacidad de recibir a más de 400,000 turistas anuales debido a la falta de atractivos relacionados con el juego. Además, la pérdida de 12,000 empleos en los hoteles resalta la repercusión económica en el sector.

La situación histórica del juego en Ecuador también es relevante para entender el contexto actual. En 2011, el presidente Rafael Correa lanzó una consulta pública similar que resultó en la prohibición de casinos y salones de juego, tipificando la instalación de estos centros como un delito bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP) lanzado en octubre de 2013.